Las concesionarias de autopistas ponen contra las cuerdas al Gobierno

Los automovilistas bloqueados en un eje viario esencial como el peaje del túnel del Cadí escuchaban por los altavoces un mensaje que se repetía como una letanía: "Estamos regulando el tráfico en el túnel debido a la alta intensidad en el acceso sur". Una vez descifrado el mensaje, el resultado es que los conductores se dieron de bruces con las barreras del peaje cerradas por decisión de Abertis supuestamente por motivos de seguridad. En la carretera de acceso al túnel y al salir, no había ni rastro de coches patrulla de la policía, que habían delegado la función de controlar el tráfico en Abertis, la empresa que explota la instalación.

Es solo un ejemplo reciente, del domingo 13 de octubre, de los poderes cada vez más importantes que están asumiendo las concesionarias en España gracias a la debilidad de unas administraciones que han tocado a retirada con los recortes en sus presupuestos. Ante la ausencia de Mossos d'Esquadra, los operarios de la compañía privada asumen el rol de agentes de tráfico.

Y es sólo el principio de lo que nos espera porque las empresas constructoras, financieras y de infraestructuras que hay detrás de las concesionarias acaban de presentar al Gobierno un plan para tapar agujeros públicos a cambio de prolongar y ampliar la privatización.

En síntesis, la Asociación de Sociedades Españolas Concesionarias de Autopistas (Aseta) plantea al Gobierno que imponga un peaje o canon en las autovías de gran capacidad para obtener recursos con los que tapar el agujero de 4.000 millones en las autopistas radiales de Madrid y algunas más que sufren ahora una brusca caída del volumen de tráfico así como unas inversiones a cargo de las empresas en las "autopistas maduras" de 1.334 millones que pueden generar 24.025 empleos. 

Suena muy bien pero el precio que pone Aseta, encabezada por José Luis Feito, presidente de la comisión de economía de la CEOE y uno de los hombres fuertes de la patronal, es alargar los periodos de concesiones y cambiar la regulación de los convenios con las administraciones para reducir a la mínima expresión los riesgos que asumen las concesionarias. Para ello proponen "establecer una transferencia y asunción de riesgos más racional con una delimitación clara y objetiva del riesgo de demanda y una garantía de tráficos mínimos", un factor que da tranquilidad a las empresas explotadoras ya que si el tráfico baja de esos niveles la Administración de turno tendría que asumir el coste. 

Además, plantea el derecho a recibir compensaciones por rupturas de contratos, acotar qué se considera fuerza mayor para abrir las barreras de peaje y, por último, exigen a la Administración su rendición incondicional al defender que "se garantice que no habrá competencia desleal por la propia Administración con alternativas de autovías gratuitas" (sic). 

El nuevo marco que plantea Aseta es aplicable a todas las administraciones, territorios y gobiernos. Hace unas semanas, la Generalitat catalana anunció con bombo y platillo que había llegado a un acuerdo con Abertis para bajar los peajes para atraer a más automovilistas y frenar una reducción del tráfico que estaba repercutiendo negativamente en las arcas públicas al tener que compensar a la concesionaria. No explicaba la letra pequeña de ese acuerdo, por el que Abertis recibirá nuevas compensaciones en transferencias o bien en alargamientos de concesiones.