El secreto mejor guardado de las últimas semanas, con maniobras de distracción incluidas, fue desvelado en la tarde del jueves. Los directivos españoles de las marcas automovilísticas siguieron con expectación desde el Salón de París la confirmación de que el Gobierno de Mariano Rajoy había escuchado por fin el grito de auxilio del sector. El PIVE cosechó una larga lista de parabienes y elogios por parte de las marcas y las asociaciones sectoriales.
Realmente es de agradecer que Rajoy haya dado el paso de aprobar un plan de ayudas a los compradores con un presupuesto de 75 millones de euros teniendo en cuenta que España se encuentra en la sala de espera del gran rescate por parte de la troika. Es una pequeña gota de agua en un desierto repleto de dunas de recortes presupuestarios.
Pero el PIVE nace con incertidumbres y problemas de fondo. En primer lugar, el "paso firme" del que hablan Anfac, Aniacam, Faconauto y Ganvam se produce después de 40.000 despidos en los concesionarios y una abultada factura para el estado en concepto de prestaciones de desempleo para esos trabajadores y los de las fábricas que están y han estado afectados por expedientes de regulación (ERE) temporales. Esos 75 millones saldrán muy caros.
En segundo lugar, el Ministerio de Industria no ha aclarado cómo se llevará a cabo la liquidación de los 1.000 euros que aportará el Estado a la subvención de 2.000 que el cliente recibirá al momento. Si se aplica el esquema negociado con el sector, se llevará a cabo mediante las liquidaciones con Hacienda del impuesto de matriculación o del IVA. Eso quiere decir que el Gobierno central aprueba una media con dinero que en un 75% pertenece a las maltrechas comunidades autónomas que tienen cedido el impuesto de matriculación y reciben el 50% del IVA. Si no se resuelve bien, tenemos conflicto autonómico a la vista.
¿Y las motos?
En tercer lugar, los 75 millones son claramente insuficientes desde el punto de vista de volumen puesto que los 75.000 coches bonificados se venderán en cuestión de dos o tres meses. Solo es comprensible si es un primer paso para prorrogarlo en el 2013 o como "dosis de confianza" para los consumidores, como destacan las patronales sectoriales.Por último, a la espera de conocer más detalles, el plan está mal diseñado si da la misma ayuda con independencia de si se trata de un coche eléctrico o de uno que emite 160 gramos de CO2 por kilómetro. Sin olvidar que las motos se han quedado fuera cuando sus ventas están igual o más golpeadas por la crisis que los coches.
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