Nunca hubiera pensado que se podía jugar con la velocidad como si fuera un impuesto. Eso es lo que pretende hacer ahora el Gobierno de Mariano Rajoy al plantear subir el límite de velocidad en las autopistas y reducirlo en las carreteras convencionales. El objetivo es ayudar a las concesionarias a superar sus pérdidas. No me lo invento, lo dice el propio Gobierno.
Ciertamente, en este episodio no se puede reprochar falta de transparencia al Ejecutivo. La proposición no de ley que ha presentado en el Congreso el Partido Popular es descarada y destaca que las autopistas de peaje son "una asignatura pendiente" ya que "han visto disminuir considerablemente los ingresos por su sensibilidad" a la crisis, afectando el equilibrio económico financiero inicialmente diseñado para su explotación. Por eso justifica el aumento de los límites de velocidad por encima de 120 km/h para lograr una mejora económica en el sector. ¿A quién quiere ayudar el Gobierno? A los grandes grupos españoles de infraestructuras y financieros que poseen la mayoría del capital de las empresas concesionarias de las autopistas. Muchas de ellas, especialmente en Madrid, han caído en concursos de acreedores en los que nuevamente se recurrirá a fondos públicos para evitar su quiebra.
Para completar este juego con la velocidad al servicio del lobby de los magnates de las infraestructuras, la Dirección General de Tráfico también estudia reducir el límite de 100 km/h a 90 km/h en algunas vías convencionales. La esperanza es que los que se cansen o reciban sanciones, acaben optando por pagar peaje para circular a 130 o 140 km/h.
¿Y las autovías?
El Gobierno juega en un terreno abonado para el cambio de velocidad, como demuestran las opiniones favorables del RACE, del Comisionado Europeo del Automóvil, de Automovilistas Europeos Asociados y del 91% de los encuestados por el portal coches.net. Pero algunos introducen un matiz: que se eleve el límite también en las autovías. Esa propuesta lógica va en contra del enfoque de la medida como una subvención a las concesionarias.
Precisamente, la crisis ha puesto de relieve que las autopistas que están sufriendo más el golpe del descenso del tráfico son las que tienen buenas alternativas gratuitas. Y al contrario. Un ejemplo: entre circular por la N-II en el Maresme y la autopista paralela, no hay color a no ser que uno quiera ir a paso de turista contemplativo.
La velocidad es algo demasiado serio y con consecuencias potenciales muy importantes como para utilizarla como elemento de política económica al servicio de grandes grupos empresariales. Además, con independencia de si se sube el límite en las autopistas y autovías y se mantiene en el resto de vías, hay otras alternativas como la de ofrecer precios anticrisis en los peajes, con descuentos inteligentes que pueden atraer a más conductores y transportistas. Eso se llama invertir.
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