El vicepresidente de producción de Nissan Europe, John Martin, desembarcó en Barcelona ligero de equipaje. En vísperas de la Navidad de 2012, Martin hizo un viaje relámpago a la fábrica de la Zona Franca con el objetivo de rematar un laborioso acuerdo que se empezó a negociar después del verano del año pasado. Tenía prisa y eso se notaba a cada paso que daba. Su propósito era conseguir en pocas horas las firmas de los dirigentes sindicales de la planta para volver con rapidez a su oficina en Sunderland con el pacto rubricado en la cartera y ofrecerlo a unos superiores en los cuarteles generales de Nissan en Yokohama y París. La dificultad para rebajar los costes estaba poniendo cada vez más nerviosos a los máximos directivos de la alianza Renault-Nissan, que veían cómo se estaba llegando al límite que obligaría a retrasar la adjudicación de un nuevo turismo planificada para la factoría catalana.
Pero el acuerdo para la ‘pick up’ firmado en enero de 2011 y las elecciones sindicales posteriores dejaron una profunda herida entre los dos sindicatos mayoritarios que llevaron a ambas centrales a impulsar un protocolo de unidad de acción para resolver disputas similares, que ya se conoce en el mundillo sindical como la cláusula Nissan. Esa cláusula se activó en diciembre de 2012 y pilló por sorpresa a John Martin.
En vista del desafío sindical, el directivo enviado a Barcelona por la dirección de Renault-Nissan hizo de aprendiz del ‘cost killer’ por excelencia y presidente del grupo, Carlos Ghosn, y presionó a CCOO y UGT en público y en privado. Los ataques de Martin se dirigían como puñales a los dirigentes sindicales en la fábrica y a sus superiores en las federaciones metalúrgicas y en las ejecutivas de Catalunya y España. Los trató de irresponsables por tirar por la borda una inversión de más de 100 millones que iba a crear 1.000 empleos en la propia planta y otros 3.000 en los proveedores.
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