Es loable la preocupación del nuevo 'conseller' de Territori, Josep Rull, por frenar el cambio climático y el calentamiento global. Pero dispara perdigonadas en la dirección equivocada. En primer lugar, incurre en la doble imposición sobre un mismo hecho, las emisiones de dióxido de carbono, uno de los tabúes a evitar en los principios de la fiscalidad, según los expertos. Aplica los mismos tramos, que empiezan con la exención hasta los 120 gramos, otro hasta 140 gramos (0,55 euros por gramo); hasta 160 (0,65); hasta 199 (0,80) y por encima (1 euro por gramo). Afecta a los turismos y a las furgonetas, pero deja fuera a los vehículos más contaminantes, camiones, autobuses, barcos, aviones...
Castigo a los coches viejos
El nuevo impuesto también tiene una buena dosis de injusticia social. Aunque se trata de una cantidad a pagar reducida, castigará más a los vehículos de mayor cilindrada y también a los de mayor antigüedad, propiedad en muchos casos de personas de economía modesta que no pueden permitirse cambiar su vehículo.Y también es una paradoja crear un nuevo impuesto sobre el CO2 cuando cada año se reducen las emisiones medias y existen unos objetivos europeos para los próximos años. Y, especialmente, cuando la preocupación de las administraciones y de los sonsumidores se centran ahora sobre los óxidos de nitrógeno, los causantes de que miles de personas enfermen o mueran por las dificultades respiratorias y de una abultada factura al sistema sanitario público. El proyecto de ley supone una oportunidad perdida para ir más allá y apuntar hacia la nueva fiscalidad sobre el transporte. Todavía queda muy lejos el veto a los coches en Barcelona que explicaba un reportaje basado en una falsa noticia como ejercicio de provocación.
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