Las marcas de automóviles han exprimido al máximo un marco legal anticuado y permisivo de unas autoridades que se movían siempre mirando a la poderosa industria de la automoción. Con los 'golden cars' y unas condiciones óptimas ampliamente conocidas por los fabricantes, los nuevos modelos obtenían unos resultados de emisiones de gases y de consumo que son imposibles de igualar en la vida real. Eran trampas legales, a diferencia de las que decidieron instalar en sus motores diésel algunos ingenieros y directivos de Volkswagen para no tirar por la borda sus inversiones. Legales sí, ¿pero éticas?
Un reciente estudio de la entidad que ayudó a destapar el dieselgate, el ICCT (International Council on Clean Transportation), ha cuantificado en un 36% la desviación en el consumo real de los coches en relación con el que registraron sus coches de oro y que aparecen en los catálogos publicitarios como argumento de marketing para atraer a compradores. Si bien es cierto que en general ha habido una reducción del gasto de gasolina y gasóleo en los últimos años, también es cierto que ha sido mucho más modesto que el dato oficial.
La connivencia entre políticos timoratos e industria en busca de margen de beneficio se rompió hace unos años en Estados Unidos, donde las agencias del Gobierno para la seguridad y el medio ambiente no han dudado en imponer importantes multas a marcas de automóviles por riesgos para los pasajeros o peatones o por no cumplir con los valores de consumo homologados. El estudio del ICCT cuantifica un secreto a voces que yo mismo denuncié en un post de 2012 en que me aventuraba a cifrar en un 20% el exceso de consumo de mi coche.
La pelota está ahora en el tejado de la Comisión Europea y de los gobiernos de la UE, cuya política se ha visto desbordada por las peticiones de los directivos de la industria que se han visto obligados de dar uno o dos pasos adelante para recuperar la confianza de los consumidores. Como el presidente de Volkswagen, Matthias Müller, que ha asegurado en una recepción ofrecida a europarlamentarios y miembros de la Comsión que "las amplias discrepancias de toda la industria entre los resultados de las pruebas oficiales y el consumo real ya no son aceptadas y ya no son aceptables". Es una buena conclusión, aunque ha tardado mucho en llegar a ella.
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