Las espadas están en alto. El proyecto del Gobierno de liberalizar la inspección técnica de vehículos (ITV) ha creado dos bandos claramente enfrentados. Hasta ahora, los más activos en su labor de lobby han sido los que ven la posibilidad de comer un caramelo largamente deseado, es decir, los concesionarios y las marcas de coches. Pero los grupos empresariales de las actuales redes de ITV y los talleres independientes relacionados con la preparación previa de los vehículos han pasado al contraataque y buscan el apoyo de la Comisión Europea para frenar una reforma que consideran que pone en peligro la objetividad en las ITV.
Este enfrentamiento ha obligado al Ministerio de Industria a retrasar la aprobación del proyecto de real decreto, que estaba previsto para que se incluyera en el paquete de medidas liberalizadoras a las que el Consejo de Ministros dio luz verde a principio de julio. Las asociaciones mayoritarias de estaciones de ITV, talleres de reparación y comerciantes de recambios, equipos y accesorios para automoción ha presentado un memorial de agravios ante la Comisión Europea.
"De entrar en vigor el proyecto, supondría la llegada al sector de la inspección técnica de vehículos de grandes grupos financieros con intereses en actividades ligadas al mundo del automóvil y del transporte de personas y mercancías que podrían no respetar los criterios de independencia, imparcialidad y objetividad que deben garantizar el servicio público del control de los vehículos en circulación por nuestras vías". Se Ese es el principal argumento esgrimido por los empresarios implicados en defender el statu quo actual de las ITV. Se trata de una batalla de intereses empresariales puesto que las empresas de ITV no mencionan ninguna reforma alternativa, por lo que es de suponer que quieren mantener el régimen actual de concesión administrativa con precios regulados y escaso margen de competencia en la práctica.
Servicio público privatizado
Esgrimen asimismo una encuesta en la que el 89,7% de los conductores se muestran a favor de mantener las ITV como un "servicio público". Es un argumento tramposo, puesto que es un servicio público privatizado que da importantes beneficios a los grupos que concentran la propiedad de las estaciones, que se pueden contar con los dedos de una mano. La alternativa que plantean los concesionarios y marcas fabricantes mantendría el control público, pero abriría el abanico de empresas de ITV con el objetivo, supuestamente, de añadir competencia."Se podría permitir que los concesionarios de automóviles realizaran este servicio, siempre con las máximas garantías legales y reglamentarías y los controles necesarios para garantizar la seguridad e integridad del sistema por parte de las Autoridades Competentes. En este sentido el informe (de la Comisión de Mercados) también ve adecuado el que se puedan llevar a cabo actividades de venta y reparación y las de inspección de vehículos en las propias instalaciones de los concesionarios debidamente autorizados".
Llevar la reforma hasta ese extremo sería equivalente a que, por ejemplo, las empresas fabricantes de ascensores (Otis, Thyssen...) pudieran dar la certificación oficial de la revisión de buen funcionamiento que ahora llevan a cabo técnicos de la Administración que supuestamente no tienen intereses en las marcas. Si tienes un Volkswagen, podrías ir a tu concesionario a pasar la revisión y a que te dieran el sello de la ITV. ¿Es ese el mejor modelo para lograr la necesaria competencia en el sector?
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