Cuando el Govern del tripartito decidió salvar del concurso de acreedores a Ficosa con la concesión de un préstamo participativo de 50 millones más otros 10 en intereses, ya se preveía la posibilidad de que esa cuantía se transformara en capital en caso de impago al final del plazo de vencimiento. Esa posibilidad se ha hecho realidad ahora, con otro Ejecutivo, y en un contexto de persistentes apuros de la firma y un acuerdo para el desembarco de Panasonic. La multinacional japonesa, que quiere huir de la electrónica de consumo para centrarse en proyectos industriales como el del coche eléctrico, ha exigido avales públicos mediante esos 60 millones para invertir 100 millones en Ficosa con el compromiso de comprar las acciones del Govern en 2018. Habrá que verlo que dice la Comisión Europea sobre esta operación y sobre la aportación de ayuda pública.
El Govern de Artur Mas y su conseller de industria, Felip Puig, justifican la operación por los beneficios que tendrá al facilitar la inversión de Panasonic y el mantenimiento de empleo y recordando que"el dinero público no es nuevo, sino que ya se había destinado con anterioridad". Es cierto. Sin embargo, el apoyo a Ficosa crea agravios con otras empresas también necesitadas y con proyectos interesantes y está rodeado de un velo de opacidad impropio en un momento de creciente exigencia social sobre todo lo público y en una compañía involucrada en investigaciones judiciales que afectan al clan de los Pujol.
La trayectoria de Ficosa cada vez tiene más similitudes con la de la extinta Spanair. Esa empresa se convirtió en un pozo sin fondo de dinero de todos con la excusa de que era un dispendio beneficioso para la sociedad.
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